Poderes públicos rechazan golpe de estado en Honduras

Así lo expresaron este viernes a través de un comunicado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la presidenta de la Asamblea Nacional (AN); diputada Cilia Flores; la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales; la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz y la defensora del pueblo, Grabiela Ramirez.

La presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales destacó que este pronunciamiento es la más clara demostración de la vocación democrática y la decidida lucha por la libertad de los pueblos.

Por su parte, la titular del CNE, Tibisay Lucena, quien fue la encargada de leer el documento, señaló que el golpe de Estado ocurrido en Honduras y la instauración de un gobierno de facto representa el cese del estado de derecho y constituye una grave violación de los derechos humanos del pueblo hondureño.

En el comunicado se denuncia que el gobierno de facto, que usurpa el ejercicio del poder público hondureño, ha apelado al uso ilegal de la fuerza pública para desconocer la voluntad popular expresada por medio del sufragio.

Las representantes de los públicos venezolanos se suman a los esfuerzos de la comunidad internacional por restablecer el orden constitucional en Honduras.

También rechazaron la flagrante violación a los Derechos Humanos que consideran, se ha puesto en evidencia, en las diversas manifestaciones de rechazo por parte del pueblo hondureño.

“El gobierno de facto que actualmente usurpa el ejercicio del poder público hondureño y trata de imponer a la población sus objetivos antidemocráticos ha apelado al uso ilegal de la fuerza pública para desconocer la voluntad popular expresado por medio del sufragio, atentando contra la vida de las personas, privando ilegítimamente de la libertad, allanando hogares, cerrando medios de comunicación social, impidiendo la libertad de expresión”, señala textualmente el comunicado en uno de sus puntos.

En virtud de lo antes mencionado, las representantes de los poderes públicos de Venezuela repudian y rechazan el golpe de Estado, además de desconocer al gobierno golpista de Roberto Micheletti.