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Viernes 25 de mayo de 2012 | actualizado a las 15:53 horas |
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Los asuntos de gobernabilidad y constitucionalidad son asuntos civiles, no militares
En América Latina existen gobiernos electos por el voto popular, que no se quieren someter a las constituciones de sus países. Pretenden crear cartas magnas paralelas que favorezcan su permanencia en el poder. Violan sistemáticamente el Estado de Derecho constitucional y cometen fraudes a las constituciones, en algunos casos, como el venezolano, apoyados por los otros órganos del poder que actúan de manera complaciente y controlados por el régimen. También pretenden utilizar instrumentos de consulta y participación al margen de la Carta Magna, con fines populistas, desconocidos, y con el objetivo de crear constituciones a la medida. Ello es absolutamente condenable. Gobiernos que tienen legitimidad de origen, pero no de desempeño, dejando, en consecuencia, de ser democráticos.
En democracia, los militares no están para resolver los problemas institucionales ni constitucionales descritos. Se debe condenar el militarismo. Los asuntos de gobernabilidad y constitucionalidad son asuntos civiles.
Por su parte debemos señalar, que la OEA no ha cumplido con su trabajo. Siempre, frente a las denuncias de sistemáticas violaciones constitucionales y de falta de desempeño democrático de los gobiernos, actúa tarde. No encauzar dichas denuncias. No ha cumplido con su trabajo de actuar oportunamente frente al desconocimiento de la Constitución por parte de los gobiernos de Venezuela, de Honduras y de otros países latinoamericanos, alegando que no se puede entrometer en asuntos institucionales de los países miembros. Si no se actúa preventivamente los resultados son funestos.
La OEA parece que sólo quiere actuar a conveniencia y bajo presión de gobiernos ideológicamente interesados, cuando se producen crisis institucionales terminales. En esos casos reacciona con desconocimiento de causa y para recoger "los platos rotos". La OEA como institución está para prevenir crisis y resguardar valores democráticos y no para sancionar países, con base en la Carta Democrática.
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