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Viernes 25 de mayo de 2012 | actualizado a las 16:03 horas |
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Los gobernadores no mendigan competencias, la Constitución les da tal poder
Las competencias exclusivas de los estados constitucionalmente consagradas no se pueden revertir con una ley. Conforme a la Constitución de la República, el gobierno nacional no les transfirió a los estados y sus gobernadores competencia alguna, por lo tanto, no hay competencias que revertir. Se parte de un falso supuesto que Miraflores concedió a los gobernadores la potestad para administrar puertos, carreteras, autopistas y aeropuertos y, en consecuencia, cuando le venga en gana a Miraflores le puede quitar el favor que les hizo.
Nada más descabellado e inconstitucional. Los gobernadores no mendigan las competencias, es la Constitución de la República que le atribuye tal poder de manera exclusiva y sencillamente lo deben ejercer. Lo demás que se diga al respecto son rebuscadas justificaciones, trucos y mañas para justificar una de las violaciones más directas, groseras y flagrantes a la Constitución. Lo que se pretende es concentrar más poder y concretar un centralismo exacerbado.
La "ley de centralización" pretende derogar la Constitución, sólo en un régimen donde se burlan del Estado de Derecho eso es posible. La "ley de centralización" es un fraude a la voluntad popular, porque pretende imponer la confiscación de las competencias de los estados y acabar con la descentralización, cosa que se pretendió hacer con la reforma constitucional rechazada el 2 de diciembre de 2007.
Este grosero e inconstitucional fraude se puede enfrentar con una convocatoria que hagan los gobernadores de oposición a un referendo consultivo, conforme al artículo 71 de la Constitución. Mediante decreto de cada ejecutivo regional se puede convocar, simultáneamente en cada estado afectado, a una consulta popular en defensa de la descentralización. El CNE debería responder inmediatamente a esa solicitud, ya que esta obligado a hacerlo, y que el ciudadano decida.
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